Los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser agenda prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024


Comunicado 30 de abril de 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas

  • Chiapas tiene los mayores índices de pobreza y mortalidad infantil, embarazo adolescente y rezago escolar a nivel nacional
  • Sin política pública ni presupuesto será imposible revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad.

Chiapas, México a 30 de abril de 2019.

Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país, cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años de las cuales el 83.8% vive en pobreza.[1]  En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil.[2]  Los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria.  Solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica lo que coloca al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional. [3]

La violencia contra la infancia se refleja en los embarazos adolescentes de niñas de 10 a 14 años con la segunda tasa más alta del país y también en las desapariciones y feminicidios.  En 2018 y lo que va de 2019 han desaparecido 146 niñas, niños y adolescentes, y 7 niñas y adolescentes fueron asesinadas.[4]

Asimismo, el contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad ha generado el desplazamiento forzado de más de tres mil niñas, niños y adolescentes en 2017 y 2018 que aún no pueden retornar a sus comunidades de origen y miles más que vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a tratos crueles, humillantes y entornos torturantes, ya que los albergues destinados para la protección y atención integral, terminan siendo anexos de las estaciones migratorias, privándoles de su libertad.

En el 2018 fueron detenidos 31,717 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 81.86% fueron deportados de forma inmediata sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o de acceso a la protección internacional;  no existen datos desagregados sobre niños, niñas y adolescentes solos, no acompañados ni acompañados;  de enero a febrero del año 2019 han habido 5121 detenciones y 3692 deportaciones.[5]

Frente a estas graves situaciones observamos con preocupación que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA) no esté claramente considerado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024  lo que implicaría que los objetivos y estrategias en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes quedarían nuevamente fuera de la agenda estatal y con pocas o nulas posibilidades de contar con presupuesto.  Ello representaría serias dificultades para detener y revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad.

En ese sentido hacemos un llamado al gobernador del estado como presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) , instalado el pasado 16 de abril,  así como al Congreso y Ayuntamientos, a que en el marco de sus competencias:

  • Garanticen la incorporación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROESPINNA), aprobado en noviembre de 2018, en el Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo y asignar recursos para su adecuada implementación.
  • Impulsen la instalación y funcionamiento de los 124 Sistemas Municipales de Protección con la participación de actores de la sociedad civil.
  • Fortalezcan las Procuradurías de Protección a nivel estatal y municipal garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos y un adecuado seguimiento
  • Observen y respeten el principio del interés superior en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y en todas las decisiones y actuaciones del Estado.
  • Generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afectan.

Asimismo, ante el contexto en la frontera, solicitamos la instalación de una mesa permanente de diálogo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para la creación de rutas de atención a niñas, niños y adolescentes reconociendo la crisis humanitaria presente.

Desde REDIAS reafirmamos nuestro compromiso a favor de los derechos de la infancia y exhortamos a las autoridades de todos los niveles a comprometerse con las niñas, niños y adolescentes y trabajar a favor del cumplimiento de sus derechos humanos.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

[1] La Infancia Cuenta 2017, REDIM en base a datos de CONEVAL 2016

[2] La Infancia Cuenta 2017, REDIM en base a datos de CONAPO 1990-2010, 2010-2030

[3] Encuesta Intercensal 2015, INEGI

[4] Melel Xojobal AC y Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, (COLEM)

[5] Estadísticas 2018, Secretaria de Gobernación (SEGOB) – Unidad de Política Migratoria



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